Blog Por qué los sistemas alimentarios deberían financiarse como infraestructuras esenciales
Si se reconoce que la resiliencia de los sistemas alimentarios es un pilar fundamental de la estabilidad y la seguridad macroeconómicas, la financiación no tardará en llegar.
Cuando el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz se desplomó en más de un 90 % en cuestión de días, el daño fue mucho más allá del transporte marítimo. Lo que comenzó como una crisis geopolítica corre ahora el riesgo de propagarse por los sistemas alimentarios.
La ocurrencia simultánea de crisis es cada vez más frecuente y grave. Durante las últimas dos décadas, el mundo ha ido dando tumbos de crisis en crisis, con crisis de los precios mundiales de los alimentos en 2007-2008 y 2010-2011, la pandemia de la COVID-19, los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, y las recurrentes crisis climáticas. La última de ellas, el tercer fenómeno de El Niño de gran intensidad en poco más de una década, es poniendo en peligro las cosechas en gran parte de África, Asia y América Latina. Los factores desencadenantes son diversos, pero todos ellos socavan la resiliencia de los sistemas alimentarios.
Los países deben invertir en sistemas alimentarios resilientes
En las economías emergentes y en desarrollo, donde los alimentos representan entre el 30 % y el 45 % del gasto de los hogares, las fluctuaciones bruscas de los precios repercuten rápidamente en los presupuestos familiares y en las finanzas públicas.
La resiliencia del sistema alimentario es una cuestión de estabilidad y seguridad macroeconómicas.
Invertir en la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios puede reducir el impacto de las crisis, y ya existen las herramientas para hacer que los sistemas alimentarios sean más resilientes y regenerativos: variedades de cultivos tolerantes al estrés, información climática que ayuda a los agricultores a decidir cuándo sembrar, prácticas que mantienen y mejoran la salud del suelo, más sistemas de producción con mayor biodiversidad, y la contratación pública que, junto con incentivos y apoyos políticos más amplios, ofrezca a los pequeños agricultores un mercado fiable para alimentos saludables y sostenibles. A medida que los fenómenos climáticos extremos se vuelven más frecuentes y la fragmentación geopolítica amenaza las relaciones comerciales tradicionales, reforzar estas medidas de protección cobrará cada vez más importancia.
Sin embargo, los incentivos y los modelos de financiación actuales contribuyen muy poco a facilitar la adopción generalizada de prácticas que mejoren la resiliencia.
Los países han comenzado a reconocer la importancia fundamental de los sistemas alimentarios resilientes, aunque de forma vacilante. El proceso de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios ha impulsado la elaboración de planes de acción nacionales en más de 120 países. En la COP28, casi 160 países firmaron la Declaración de los Emiratos sobre agricultura sostenible y sistemas alimentarios resilientes. Sin embargo, desde la COP28, la financiación no ha seguido el ritmo de este creciente reconocimiento de la importancia de los sistemas alimentarios. Siguen siendo un debate paralelo, que discurre al margen de la agenda principal de la estabilidad y el crecimiento macroeconómicos. La economía política de la asignación de recursos apenas ha cambiado.
Por qué la financiación de los sistemas alimentarios se queda corta
Aunque los gobiernos nacionales aportan la mayor parte de la financiación pública destinada a los sistemas alimentarios, gran parte de ella resulta perjudicial para el medio ambiente y la sociedad. La financiación internacional para el clima, que podría ayudar a los países a reorientar el gasto público hacia sistemas alimentarios regenerativos, es lamentablemente insuficiente. La mayor parte se concede en forma de deuda, a menudo en condiciones no concesionarias, incluso a muchos países que ya se encuentran en situación de situación de sobreendeudamiento, lo que agrava la vulnerabilidad que se pretende aliviar. Apenas una pequeña parte de esta financiación, menos del 1 %, llega a los pequeños agricultores que cultivan un tercio de los alimentos del mundo y actúan como custodios de su diversidad de cultivos.
La arquitectura financiera internacional se diseñó para grandes prestatarios con calificaciones crediticias y una trayectoria contrastada. Los alimentos los producen millones de agricultores, en su mayoría pequeños, que trabajan en condiciones agroecológicas y de mercado muy diversas, lo que deja al sector fragmentado de una forma en la que otros sectores no lo están.
Muchos agricultores carecen de títulos de propiedad formales que puedan utilizar como garantía. A menudo se tarda años en obtener beneficios, y muchos de ellos, como unos suelos más sanos y unos precios estables de los alimentos, son bienes públicos. Las infraestructuras críticas requieren un compromiso de financiación a largo plazo y un apoyo público, al tiempo que se acepta que el riesgo debe compartirse.
Los países están negociando el IFAD-14, la próxima reposición del fondo de las Naciones Unidaspara la agricultura y el desarrollo rural, que también codirige una red de más de 130 bancos públicos de desarrollo. Un acuerdo que proporcione más financiación, en condiciones concesionarias y plurianuales, y que llegue tanto a las cooperativas y organizaciones de agricultores como a los gobiernos, establecería un listón muy alto para el resto del sistema de financiación del desarrollo, donde hay mucho más dinero disponible.
Compartir el riesgo y movilizar la financiación privada
Ese cambio en la arquitectura es también lo que permite atraer capital privado. Existen herramientas de financiación mixta en los sistemas agroalimentarios y están en auge, pero no han redirigido de forma sistemática los flujos financieros a la escala que requiere la transformación. El capital privado no se moverá hacia entornos de inversión fragmentados y a largo plazo sin ayuda. Este busca rendimientos fiables, que el apoyo público reorientado puede ayudar a generar, atrayendo así a fondos de pensiones y otros inversores a largo plazo. La financiación pública en condiciones favorables, desplegada mediante reposición de fondos para reducir el riesgo y atraer inversión privada responsable, es lo que cambia ese cálculo.
Debemos replantearnos la financiación de los sistemas alimentarios como una inversión a largo plazo, vinculada directamente al clima, la alimentación, la naturaleza y la estabilidad económica, y financiada en consecuencia. El argumento subyacente debe ser tan ampliamente compartido por una coalición genuinamente heterogénea que deje de versar únicamente sobre la alimentación y se convierta en un debate sobre cómo las sociedades gestionan el riesgo. Si los sistemas alimentarios se reconocen como infraestructura crítica y se financian en consecuencia, los países podrán empezar a reforzar los medios de vida y la resiliencia de las personas que dependen de ellos, incluso en épocas de perturbaciones y crisis.
James Stapleton es asesor sénior de promoción en la Alianza de Bioversity International y el CIAT, donde trabaja para mejorar el acceso a la financiación destinada a la transformación de los sistemas alimentarios. También representa al CGIAR como miembro de la junta directiva de la Alianza FAST, una iniciativa de múltiples partes interesadas que moviliza financiación climática para la transformación de los sistemas agroalimentarios.
Fotos: Reunión de la Alianza «Alimentación y Agricultura para la Transformación Sostenible» (FAST) en la sede de la FAO en Roma, Italia, en septiembre de 2026, donde James Stapleton moderó un taller sobre mensajes de alto nivel para la financiación climática y Pedro Chilambe colaboró en un taller sobre la creación de proyectos aptos para la inversión.
