Colombia podría negociar un acuerdo global histórico para compartir la riqueza digital de la diversidad genética
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Uno de los países más biodiversos del mundo podría ayudar a guiar a los líderes mundiales hacia un acuerdo funcional sobre la distribución de beneficios derivados de la información de secuencias genéticas digitales en la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad que se celebrará en octubre. Desde los campos de los agricultores hasta los laboratorios de biotecnología, el mundo está atento al debate, a menudo polémico, sobre cómo compartir la riqueza de esta información de forma transparente y equitativa.
Cuando le mencione a alguien el término "información de secuencias digitales" o sus siglas DSI (en inglés), lo más probable es que no tenga idea de lo que le está hablando. En pocas palabras, DSI es un término genérico utilizado en los círculos de políticas para referirse a los planos de la vida – ADN y otra información genética – almacenados en bases de datos. Gracias a los rápidos avances tecnológicos, generar DSI es económico, y acceder a ella es fácil y normalmente gratuito (al menos desde bases de datos de gestión pública), lo que ha revolucionado la forma en que producimos todo, desde vacunas y nuevas variedades de cultivos hasta cosméticos y detergentes más amigables con el medio ambiente. Pero hasta el día de hoy, la distribución de beneficios derivados del uso de DSI no está sujeta a ninguna normativa internacional.
La "s" de DSI, desafortunadamente, no significa "sencillo". Conseguir que el mundo se ponga de acuerdo sobre las normas para acceder y compartir DSI – que también abarca ARN, proteínas, otra información genética e incluso conocimientos tradicionales – es un ejercicio complejo. Este otoño, Colombia será la sede de la 16ª reunión del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB), o COP16, que guiará el capítulo final de la negociación que pretende concluir este proceso.
En cierto modo, las negociaciones sobre DSI reflejan los debates tardíos sobre la regulación de la inteligencia artificial: la tecnología avanza mucho más rápido que los responsables de las políticas, los temas son poco comprendidos por los no especialistas, y los intereses contrapuestos y la escasa cooperación complican el proceso.
DSI es solo una parte del esfuerzo global de conservación de la biodiversidad: en el mejor de los casos, ni siquiera una buena decisión sobre la distribución de los beneficios proporcionará los recursos necesarios para revertir la tendencia de pérdida de biodiversidad. Serán necesarias muchas otras formas de apoyo financiero y político, así como prácticas reformadas en una amplia gama de sectores, para alcanzar ese noble objetivo.
"El reto a la hora de llegar a un acuerdo sobre la distribución de beneficios de la DSI es que no existe una 'sanción' política que pueda utilizarse para sentar a todo el mundo a la mesa. Y también nos faltan muchos incentivos", afirmó Michael Halewood, especialista en políticas de acceso y distribución de beneficios de la Alianza de Bioversity International y el CIAT, quien ha participado en procesos de políticas de la ONU sobre recursos genéticos desde 2001. "Excepto, por supuesto, la supervivencia del planeta, pero ese tiene el problema de requerir compromisos a largo plazo y un cambio de comportamiento, mientras que las recompensas a corto plazo por continuar con nuestras prácticas destructivas para el medio ambiente son muchas".

Michael Halewood
Genetic Resources and Seed Systems Policies Team Leader¿Quién está en la mesa de discusión y qué quiere?
Presentamos a los protagonistas de la discusión sobre DSI en el marco de la COP16, y lo que podrían ganar o perder con un acuerdo internacional para regular el acceso al ADN digital y distribuir sus beneficios.
Los científicos del sector público, incluido CGIAR, quieren un acceso abierto y simplificado a DSI. Están dispuestos a compartir gratuitamente lo que hacen con esta información, como desarrollar nuevos cultivos para ayudar en las crisis mundiales de nutrición y hambre. No quieren nuevas normas que dificulten su trabajo.
Los científicos del sector privado quieren el mismo acceso sin restricciones. La diferencia clave es que las empresas están obligadas a rendir cuentas a los accionistas y los directores ejecutivos, y dependen de patentes y ganancias; por esto, tienden al secretismo y no les entusiasman las propuestas que gravarían los ganancias derivadas de la DSI. Además, no quieren que se les exija compartir los datos que han estado generando y utilizando como parte de sus propias cadenas de desarrollo de productos.
Dicho esto, grupos industriales han afirmado que si las nuevas normas de distribución de beneficios de DSI son inevitables, deberían administrarse de forma que las obligaciones de pago se repartan ampliamente y que las normas sean de aplicación universal, creando así un "campo de juego equitativo".
Los custodios de la biodiversidad, a menudo grupos indígenas marginados y otras comunidades remotas, quieren un mayor reconocimiento y apoyo a sus esfuerzos de conservación, así como una voz más influyente en los debates sobre conservación e investigación de la biodiversidad. Podría decirse que son la voz menos influyente, pero el CDB ha establecido disposiciones eficaces para que participen en los debates.
Los gobiernos se encuentran en un punto intermedio, tratando de mantener a todos contentos, pero al mismo tiempo se muestran reacios a asumir nuevas responsabilidades o cargas financieras. A muchos negociadores les atrae la idea de que los pagos por la distribución de beneficios procedan directamente de los usuarios comerciales, dejando a los gobiernos convenientemente fuera de la ecuación.
Los países más pobres – que albergan la mayor parte de la diversidad genética del mundo – quieren una mayor participación en los beneficios monetarios derivados del uso comercial de la DSI por parte de otros, que, en teoría, invertirían en proteger la biodiversidad. Sin embargo, muchos países en desarrollo son reacios a renunciar a la posibilidad de crear normativas nacionales para el acceso a DSI. Los países más ricos, por su parte, dudan en aceptar nuevos pagos sustanciales, ya sea directamente de sus presupuestos o de los usuarios comerciales de DSI dentro de sus fronteras.
Mientras tanto, el mundo ya enfrenta un déficit de miles de millones de dólares en fondos para la conservación de la biodiversidad. El CDB estima que los ingresos de las industrias que utilizan DSI serán de unos 1.560 millones de dólares en 2024, cifra que aumentará a unos 2.300 millones en 2030. Cubrir parte del déficit con estas fuentes – sin ahogar la innovación – es una parte sensata de la solución.

Variedades nativas de quinua conservadas en un banco comunitario de semillas, el Yell Ya (yell, "semilla"; ya, "casa"). Jardín Botánico Las Delicias, San Fernando, Municipio de Silvia, Cauca. Foto de Alex Reep, Alianza Bioversity & CIAT.
Los dilemas de los guardianes
Pero antes de que entremos en más acrónimos y jerga, debates científicos y enredos políticos sobre DSI, ¿qué dicen los pueblos indígenas y comunidades locales (IPLCs, por sus siglas en inglés) sobre la DSI? Como custodios de fragmentos de ADN raros, únicos y en peligro de extinción – como el que se encuentra en remotas fincas de cultivos ancestrales no dominados por la agricultura industrial –, sus opiniones podrían mantener a los negociadores de la COP16 enfocados en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.
Una de las razones por las que algunos pueblos indígenas y comunidades locales se sienten distanciados es la idea de que la DSI es demasiado complicada para que los no expertos la entiendan o se interesen por ella. Sin duda, los vestigios discriminatorios del colonialismo también influyen.
Alexandra Reep, investigadora visitante de la Alianza, recorrió recientemente Colombia pidiendo opiniones sobre DSI a los habitantes de los puntos críticos de biodiversidad. A lo largo de decenas de visitas a comunidades que abarcan biomas que van desde los bosques tropicales de las tierras bajas hasta las tierras altas, Reep descubrió que la población local es consciente de lo que está en juego en la elaboración de normas sobre DSI.
Esto se debe a que los pueblos indígenas y las comunidades locales han soportado generaciones de biopiratería, la recolección no autorizada de flora y fauna indígena o local, sin recibir nada a cambio, una práctica que continúa hoy en día. (En una comunidad afrocolombiana que visitó Reep, los lugareños esconden sus plantas medicinales sagradas para evitar el robo descarado por parte de los "ecoturistas", algunos de los cuales han sido detenidos con mochilas llenas de tortugas vivas y esquejes de plantas endémicas). Para muchos, la digitalización no autorizada de su biodiversidad no es más que la continuación de una práctica muy antigua.
"Desde la perspectiva de un científico, entiendo el deseo de que la información esté disponible en línea y sea de libre acceso", afirma Lorena Matabanchoy, de 29 años, ingeniera agroindustrial y organizadora comunitaria de su grupo indígena Quillacinga, en el departamento de Nariño, al oeste de Colombia. "Desde la perspectiva de un miembro de la comunidad, creo que la DSI debería restringirse. Los miembros de la comunidad deberían saber para qué se utilizará la DSI de sus plantas y con qué fin".
Matabanchoy y otras personas dijeron a Reep que estarían encantados de facilitar el acceso a la biodiversidad local para la investigación. A su vez, desean colaborar con los conocimientos tradicionales y recibir reconocimiento, respeto y apoyo por su protección de la biodiversidad. Una comunidad, en concreto, invitaría a los investigadores a conocer mejor las propiedades de sus plantas medicinales que, según afirman, son paliativos eficaces contra las infecciones respiratorias, entre ellas el COVID-19.

Biodiversidad en Tolima, Colombia: variedades de plátano rojo. Foto de Alex Reep, Alianza Bioversidad & CIAT.
Llenar una "cáscara vacía"
En la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, la COP15, celebrada en Montreal en 2022, los negociadores acordaron establecer normas para la COP16 sobre acceso y distribución de beneficios (ABS, por sus siglas en inglés) para DSI. Inicialmente, hubo poco progreso. Parte de la razón es que el acceso y la distribución de beneficios han sido tratados como un solo tema durante mucho tiempo.
"Acoplar el acceso y la distribución de beneficios es una de las principales razones por las que los enfoques de ABS son en gran medida ineficaces", escribieron Halewood y sus colegas en un artículo del Foro de Políticas de 2023 en Science. La publicación ha sido una referencia útil para los negociadores en los últimos meses, mientras intentan poner un acuerdo aceptable sobre la mesa en octubre. En el artículo también afirmaban que la decisión de la COP15 sobre la DSI era una "cáscara vacía sin acuerdo sobre cómo se distribuirían los beneficios, por quién, para qué y bajo qué condiciones".
La aparición de la DSI obligó a los responsables de las políticas a replantearse el enfoque del acceso y la distribución de beneficios. El sistema multilateral que el CDB está negociando actualmente podría y debería separar de forma efectiva el acceso a la DSI de la distribución de sus beneficios, exigiendo pagos a cualquier persona de los sectores que dependen de la DSI (sin necesidad de rastrear y localizar los usos de la DSI en productos concretos). De este modo, el sistema sería más fácil de implementar, generaría más dinero que otras opciones y garantizaría la continuidad del acceso abierto. Al tiempo que se eliminaría la complicada tarea de rastrear DSI hasta su origen, se obtendrían fondos para apoyar a las comunidades indígenas y locales y la conservación. Grupos indígenas como el de Matabanchoy podrían recurrir a los gobiernos nacionales para obtener los fondos de distribución de beneficios generados en virtud del acuerdo.
"Es posible contar con un nuevo mecanismo multilateral desvinculado de la DSI en bases de datos públicas", afirmó Halewood. "Al mismo tiempo, el sistema puede y debe ser lo suficientemente flexible para abordar, si no en su totalidad, al menos parcialmente, las preocupaciones expresadas por las comunidades indígenas y locales en el futuro".
Halewood explica que este escenario beneficioso para todos dependerá de la aplicación, con apoyo mutuo, del nuevo mecanismo multilateral de distribución de los beneficios de DSI (dentro del Marco de Montreal para la Biodiversidad de Kunming), junto con el Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Distribución de los Beneficios del CDB. En virtud del Protocolo de Nagoya, las partes contratantes pueden aplicar medidas nacionales para que los pueblos indígenas y las comunidades locales controlen quién accede a sus materiales genéticos y cómo se utilizan esos recursos, incluido si se utilizan para generar DSI y cómo se comparten. Si todas las partes contratantes dispusieran de tales medidas, en adelante, la DSI derivada de los recursos genéticos a los que se acceda desde las comunidades indígenas solo se cargaría y estaría disponible en bases de datos públicas de acceso abierto con el consentimiento de estas, de conformidad con las medidas nacionales de aplicación del Protocolo de Nagoya.
La idea de la distribución de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos físicos existe desde las Convenciones de Río de 1992, que reconocieron formalmente el derecho soberano de las naciones sobre sus recursos genéticos. Posteriormente se firmaron varios acuerdos, pero "a pesar de los esfuerzos realizados para aplicarlos, no han dado lugar a una participación satisfactoria en los beneficios monetarios para apoyar la conservación de la biodiversidad u otras prioridades", escribieron Halewood y sus colegas.
La aparición de DSI obligó a los responsables de políticas a replantearse el enfoque del acceso y la distribución de beneficios. Separar el acceso a la DSI de la distribución de sus beneficios por parte de los usuarios es la vía más probable para abordar con éxito los intereses de todos los implicados, obteniendo beneficios generados por la comercialización de una gama mucho más amplia de productos, sin las complejidades de regular el acceso o rastrear y localizar a los usuarios, y atajando el problema generalizado de la evasión. Un enfoque de este tipo podría generar beneficios monetarios considerablemente mayores que los enfoques "vinculados", y el dinero recaudado podría ponerse a disposición de las comunidades indígenas y locales de forma prioritaria.
Aprender de tres décadas de fallos
En el año y medio transcurrido desde la COP 15, Halewood y sus colegas han insistido en que para llenar la cáscara vacía deben aprovecharse las lecciones aprendidas de 30 años de sistemas de ABS "fundamentalmente defectuosos" que se centran en sistemas en los que los "usuarios" (investigadores o empresas) realizan pagos a los países tras firmar acuerdos altamente burocráticos de seguimiento y rastreo del uso de materiales a los que se ha tenido acceso en productos comercializados específicos.
Evitar la distribución de beneficios ha sido históricamente fácil porque hay muchas fuentes no reguladas de materiales genéticos. Muchos países no disponen de medidas para regular el acceso a los recursos genéticos, a pesar de haberse adherido al CDB o al Protocolo de Nagoya. Otros países han decidido que no quieren regular el acceso en absoluto.
Por supuesto, el mayor reto en lo que respecta a la distribución de los beneficios derivados del uso de DSI es que el CDB, el Protocolo de Nagoya y el Tratado de las Plantas regulan el acceso a los recursos genéticos materiales, pero no a DSI derivada de esos recursos. Y la DSI permite a los investigadores beneficiarse de las pistas de investigación proporcionadas por la DSI sin acceder a los recursos genéticos materiales de los que se derivó, lo que crea de hecho un vacío normativo.
Algunos países han desarrollado recientemente leyes nacionales para regular el acceso a DSI porque actualmente no existe ningún acuerdo internacional. Otros están trabajando en dichas leyes. "Pero los países que 'actúen por su cuenta' convulsionarán aún más la investigación y el desarrollo, sometiendo diferentes subconjuntos de DSI a diferentes normas", dijo Halewood. "Desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo agrícolas, cuanto más inclusivas, más armonizadas, más planas y sencillas, mejor".
"El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (Tratado Fitosanitario) constituye una interesante fuente de inspiración y aprendizaje, porque crea un sistema multilateral de acceso y participación en los beneficios de los recursos fitogenéticos utilizados para la alimentación y la agricultura. Son 150 los países que han acordado compartir entre sí los recursos fitogenéticos con arreglo a unas condiciones fijas de ABS que se establecen en el Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material (ANTM) que acompaña a todas las transferencias de materiales en el marco del sistema multilateral. El Tratado sobre Plantas también rige los 11 bancos de germoplasma que albergan colecciones internacionales de más de 750.000 cultivos y forrajes diferentes de todo el mundo. Los bancos de germoplasma de los centros distribuyen aproximadamente 120.000 muestras al año (la cifra se acercaba a las 200.000 en 2023) a receptores de todo el mundo en virtud del ANTM.
Más información sobre los bancos de germoplasma de CGIAR en este vídeo.
"No costaría mucho revisar el sistema multilateral del Tratado sobre Plantas para incluir e integrar la distribución de beneficios derivados del uso de DSI. Los negociadores del CDB deben recordar que la agricultura ya cuenta con un sistema multilateral para los recursos fitogenéticos, y que la distribución de beneficios de DSI podría integrarse en ese sistema con relativa facilidad", afirmó Halewood. De hecho, existe un grupo de trabajo en el marco del Tratado sobre Plantas que está considerando opciones para tales integraciones.
En el último año, el ritmo de los debates y negociaciones internacionales ha mostrado avances positivos. El Grupo Asesor Informal sobre DSI, compuesto por 100 miembros, se ha reunido siete veces para revisar la lista de cuestiones prioritarias identificadas por la COP15. El mes pasado, los copresidentes del grupo de trabajo sobre DSI publicaron un documento sobre las mejores opciones para las vías de desarrollo del mecanismo multilateral. Curiosamente, parecen inclinarse por un enfoque según el cual "la obligación de compartir los beneficios derivados del uso de DSI se activa cuando una empresa opera en un sector cuyo volumen de negocios depende sustancialmente del uso de DSI. Si bien este desencadenante está vinculado al uso de DSI, no está vinculado a usos específicos de DSI en productos específicos y, por lo tanto, evita el desafío asociado con [un enfoque] que requiere la identificación y enumeración de los productos que 'utilizan' DSI".
"El texto de los copresidentes es muy alentador", dijo Halewood. "Tenemos muchas esperanzas de que el enfoque 'desvinculado' que propusieron sea aceptado y desarrollado por los negociadores durante la segunda reunión del Grupo de Trabajo Especial de Composición Abierta sobre DSI en Montreal en agosto de 2024".
Créditos: redacción y edición de Sean Mattson; fotografía y reportaje de campo de Alexandra Reep, Alianza de Bioversity International y el CIAT. Edición adicional de Eliot Gee. Un agradecimiento especial a Michael Halewood, Claudio Chiarolla e Isabel López, por sus valiosos aportes. Alianza de Bioversity International y el CIAT.
Foto de portada: maíz nativo capillo es mezclado con la alegria, panela y polvo de maíz blanco en un caparazón de armadillo para ser sembrado con flores de cempasúchil y dos variedades de frijol en el Yatul (parcela en forma de espiral). Jardín Botánico Las Delicias, Silvia, Cauca. Foto de Alex Reep, Alianza Bioversity & CIAT.
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