Blog Uniendo fuerzas para proteger la Amazonía: ¿Es posible combinar instrumentos financieros con incentivos de conservación y restauración de bosques?

La Amazonía, conocida como el pulmón verde del planeta, se enfrenta a una creciente amenaza: la deforestación. Año tras año, este ecosistema compartido por Brasil, Perú, Colombia y Ecuador se posiciona en el primer puesto en la lista mundial en pérdida de bosques, lo que tiene un impacto devastador en la biodiversidad y contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Frente a esta urgente crisis ambiental, surge una pregunta crucial: ¿Existe la posibilidad de combinar los instrumentos financieros ya existentes en la región amazónica con incentivos para promover la conservación y restauración de los bosques?

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la deforestación es responsable de entre el 10% y el 15% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en todo el mundo. En consecuencia, combatir la deforestación se ha convertido en prioridad para la lucha contra el cambio climático, en especial, en las zonas más boscosas de la tierra.

La conservación de la Amazonía no puede recaer únicamente en los hombros de gobiernos y organizaciones ambientales. Se requiere una participación del sector financiero y empresarial para impulsar soluciones sostenibles y rentables. Afortunadamente, en los últimos años se han presenciado avances significativos en la búsqueda de mecanismos financieros innovadores que promuevan la conservación y restauración de los bosques.

En Colombia, por ejemplo, se implementó el mecanismo de pago de impuestos "Obras por Impuestos" como parte de la reforma tributaria en 2016.  Este mecanismo permite a las empresas pagar hasta la mitad de sus obligaciones tributarias mediante la ejecución de proyectos de inversión pública con impacto social. Los proyectos incluyen el desarrollo de infraestructuras, iniciativas de educación pública, sistemas de acueducto y alcantarillado, mejoras en la conectividad digital, medidas de adaptación del cambio climático y pagos por servicios ambientales. La clave radica en que los proyectos deben ser ejecutados directamente por las compañías participantes en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC) y regiones caracterizadas por altos índices de pobreza, economías ilícitas y fragilidad institucional donde opera el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Los 170 municipios PDET abarcan el 40% de los bosques del país, cubriendo un área de aproximadamente 24 millones de hectáreas, tamaño similar al de Ecuador. Estos municipios representan cerca del 74% de la superficie deforestada en Colombia, concentrada principalmente en los departamentos del Meta, Caquetá, Putumayo, Guaviare y Nariño.  Regiones que se enfrentan a diversos problemas socioambientales, como la deforestación, la presencia de cultivos ilícitos y el conflicto armado. 

Aunque las causas de la pérdida de bosques en Colombia difieren según la zona, la ganadería, la agricultura y los cultivos ilícitos son los factores citados con más frecuencia en los estudios realizados hasta la fecha. Es por esto, por lo que el sector agropecuario y las cadenas de abastecimiento, que incluyen todo el proceso desde la producción hasta el consumo, desempeñan un papel central en los debates.

En respuesta a este contexto, el gobierno Nacional ha puesto en marcha la Estrategia Integral de Control de la Deforestación y Gestión de los Bosques (EICDGB) en Colombia. Esta estrategia tiene como objetivo principal la gestión sostenible de los bosques y el desarrollo rural integral, con el propósito de reducir la deforestación en distintas cadenas de abastecimiento, enfocándose en los lugares con los mayores niveles de producción de dichos productos.

Un ejemplo de esto se observa en Caquetá y Cesar, que, son de los departamentos con mayor número de ganado bovino en el país. Es justo allí, en la puerta de la amazonia colombiana y en los bosques secos tropicales del norte donde la Alianza de Bioversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical está ayudando a fortalecer los comités departamentales de cacao, organizaciones que representan a los productores locales ante la Federación Nacional de Cacaoteros. Asimismo, la Alianza también asume la secretaría técnica del acuerdo Cero Deforestación de ganadería de leche y desempeña un papel clave en el acuerdo Cero Deforestación de cacao. 

Alcanzar la cero deforestación en las cadenas de suministro implica la existencia de modelos de negocio que promuevan la adopción de prácticas sostenibles en línea con el Plan Nacional de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este plan tiene como propósito proporcionar herramientas que permitan el desarrollo, fomento y promoción de los negocios verdes y sostenibles en el país que fomenten prácticas de producción y consumo responsables con el medioambiente.

El Programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) es otro ejemplo destacado de incentivos económicos que reconoce los esfuerzos en conservación, restauración de ecosistemas y producción sostenible. Este programa tiene como objetivo abordar la deforestación y promover los negocios verdes, fortaleciendo así el sector agropecuario y contribuyendo a la construcción de paz en las regiones que han sido afectadas por el conflicto. 

En el marco del PSA, se fomentan prácticas como los sistemas agroforestales y silvopastoriles, que son fundamentales para la protección ambiental y la promoción de prácticas sostenibles. Así, se busca lograr un equilibrio entre la conservación de los recursos naturales y el desarrollo económico del país.

Sin embargo, es importante reconocer que el PSA, aunque prometedor, tiene limitaciones para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las acciones de conservación. Por lo tanto, debe complementarse con otras estrategias y herramientas financieras. En este sentido, fortalecer los instrumentos de promoción de negocios verdes, en particular con las asociaciones de productores, es un enfoque novedoso con potencial de incentivar el mantenimiento o la restauración de los recursos de los ecosistemas. 

La combinación de estos instrumentos financieros y los incentivos a la conservación y restauración de bosques no solo tiene el potencial de reducir la deforestación, sino también de mejorar la productividad y rentabilidad de los negocios verdes. Puede aportar soluciones eficaces y sostenibles para el desarrollo del país, que conduzcan a un futuro más justo y equitativo. Este enfoque fortalecerá el sector agropecuario y contribuirá a la consolidación de la paz en las zonas afectadas por el conflicto armado, mejorando en última instancia la calidad de vida de las comunidades locales y potenciando la capacidad de adaptación de los ecosistemas frente al cambio climático y otros impactos ambientales.

La protección de la Amazonía no es solo responsabilidad de los gobiernos, sino también de las empresas y las comunidades locales. El desafío de combinar instrumentos financieros con incentivos ambientales en la región amazónica no es tarea fácil, pero es una meta que se debe perseguir. Solo a través de una acción conjunta y decidida se podrá preservar la invaluable biodiversidad y los recursos que ofrece la Amazonía.
 

Este documento fue realizado gracias al apoyo de las iniciativas del CGIAR, AgriLAC Resiliente, Política y Estrategias Nacionales y Mitigate+: Research for Low Emissions Food Systems, y el proyecto 18_III_106_COL_A_Estrategias productivas sostenibles, “Implementación de sistemas agrícolas y ganaderos sostenibles para la focalización simultánea de la conservación forestal para la mitigación del cambio climático (REDD+) y la construcción de paz en Colombia”, que forma parte de la Iniciativa Climática Internacional (IKI). El Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) apoya esta iniciativa sobre la base de una decisión adoptada por el Bundestag alemán.